lunes, 5 de julio de 2010

De acuerdo con lo establecido en el proyecto de ley sometido a consulta pública, todos los niveles de gobierno tienen corresponsabilidad en la gestión

De acuerdo con lo establecido en el proyecto de ley sometido a consulta pública, todos los niveles de gobierno tienen corresponsabilidad en la gestión del manejo integral de la basura.

(Caracas, 28-6-10) Con representantes institucionales y del Poder Popular de los estados Vargas, Aragua, Distrito Capital, Miranda, Carabobo y Cojedes, se instaló este lunes la Jornada de Consulta del Proyecto de Ley para la Gestión del Manejo Integral de Residuos y Desechos Sólidos no Peligrosos, en la sede de la Asamblea Nacional.

En esta oportunidad, estuvieron miembros de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la Salud, las Comunas; Guardia Nacional Bolivariana, Guardería Ambiental, miembros de las alcaldías y de los consejos comunales.

Durante la jornada se recogió el resultado de las discusiones de las regiones Andina-Zuliana, Nororiental-Guayana, Llanera y Centro Occidental de esta novedosa normativa, que con nueve títulos y 165 artículos pretende cumplir con los derechos ambientales contenidos en la Constitución vigente y en la Ley Orgánica del Ambiente.

En la apertura del acto, el diputado Julio García Jarpa, vicepresidente de la Comisión Permanente de Ambiente, destacó que un aspecto novedoso del proyecto es la formulación del Plan Rector Nacional, que establece las competencias y la coparticipación del gobierno en todos los niveles: nacional, estadal y municipal.

Al mismo tiempo, exige de las empresas generadoras que recojan sus residuos, comentó Jarpa, “vemos en las playas envases de aluminio, botellas, cauchos y otros desperdicios que ya les generaron ganancias sobre todo a la industria de cerveza y refrescos, porque no tienen la obligación de reciclar sus envases, pero les dejaron a las alcaldías y al Estado la responsabilidad de la recolección de sus desechos”.

Así que con esta ley se obliga a la industria a que tomen las medidas correspondientes. De igual modo, hay todo un capítulo sobre la educación y formación ciudadana, porque de nada vale establecer la normativa cuando los planes de educación no contemplan la transmisión de valores a todos los que somos generadores de desechos.

Corresponderá a la Superintendencia la vigilancia que el plan rector se cumpla en todo el país. Con relación a las sanciones que establece el proyecto, Jarpa refirió que hay un capítulo sobre las unidades tributarias que deberán cancelar quienes incurran en incumplimiento, también sobre las destituciones y prisión si no cumplen la norma.

“Sabemos que no basta con hacer una ley que sea exigente si el ciudadano y los gobernantes no están formados en torno a la materia, tenemos que lograr que desde los consejos comunales y alcaldías se establezcan los planes de coparticipación”.

Problema planetario
Por su parte, el diputado Luis Eduardo Sánchez, coordinador nacional de la discusión pública, se refirió a la ordenación del texto de acuerdo con la normativa internacional, toda vez que en nuestro país el problema de la generación de desechos industriales producto de la explotación petrolera, y por la adquisición de productos de manufactura peligrosa, la basura se ha convertido en un problema que requiere de aplicación de un tipo de regulación internacional.

“Como producto de la publicidad, se genera un consumismo propio del sistema capitalista, a los grandes capitalistas productores de dinero sólo les interesa enriquecerse sin tomar en cuenta la producción de desechos que ya se convirtió en un problema planetario”.

Por eso, las grandes líneas estratégicas a que responde el proyecto tienen que ver con lo difícil del manejo de los desechos y residuos, porque se da en forma acelerada, más allá de la capacidad de la tierra para degradar y recuperarse debidamente de este proceso.

De tal modo, que se priorizan las acciones de prevención y reducción de la generación y limitar la importación de residuos sólidos, y prohibir el ingreso al país de desechos sólidos, como juguetes con baterías en desuso o que ya perdieron su vida útil.

“En muchas ocasiones nos hemos convertido en receptores de mercancía que por su naturaleza se convierte en desecho en el corto plazo, esto tiene que acabarse”.

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