Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo
No podemos ser indulgentes con el abuso policial
“Con la concreción de la Oficina de Atención a la Víctima, ubicada fuera de los recintos de las comandancias policiales, la Defensoría del Pueblo conjuntamente con otros entes del Estado profundiza en la formación de la ciudadanía para la construcción de un país corresponsable en un accionar de justicia y derecho”. Así lo expuso la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez en el marco de un cineforo que se realizó este sábado en la comunidad de José Félix Ribas, en Petare.
“Justamente, hace una semana, en este sitio, la comunidad protagonizó una protesta, generada por una acción desproporcionada de la fuerza policial; y ahora, la defensoría está aquí, haciendo un foro con dos profesionales y académicos del Derecho, Elsie Rosales y Carmelo Borrego de la Universidad Central de Venezuela”, explicó a los medios la funcionaria.
Al evento asistieron vecinos de la comunidad petareña, y se inició con la proyección de la película Disparen a matar, dirigida por Carlos Azpurua, escrita por un luchador social como fue David Suárez, y estrenada en 1990.
La Defensora definió como víctimas del abuso del poder policial a aquellas personas que han sido objeto de algún delito, actos arbitrarios o abusos cometidos por algún funcionario o funcionaria policial. Entre estos actos se cuentan: privaciones ilegítimas de libertad, allanamientos arbitrarios, retención de documentos de identidad, incomunicación de detenidos, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como exigir dinero a las personas durante un procedimiento policial.
Las Oficinas de Atención a las víctimas
Tanto la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policías Nacional Bolivariana como la Resolución del 19 de marzo de 2010, establecen la creación de sus Oficinas de Atención a la Víctima de delito y/o abuso policial.
Explicó Gabriela Ramírez que estas oficinas deben estar ubicadas de manera independiente a las instalaciones policiales y su personal será interdisciplinario para garantizar un trato justo, respetuoso, con equidad y sin discriminación alguna. Allí se debe proteger la intimidad de los denunciantes, garantizando su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos.
“El Estado no puede ser indulgente ni complaciente con el abuso policial en la desproporción del uso de la fuerza. Y el policía que actúe en contra de la ley incurre en responsabilidad personal por este tipo de delito y debe ser sancionado con dureza”, afirmó la Defensora.
Las cifras de la violencia Policial y el Informe Anual
Anunció, por otra parte, la defensora Ramírez que en el Informe Anual que presentará próximamente la institución, se incluirán las denuncias que se hagan sobre la violencia policial, no sólo a través de las Oficinas de Atención a la Víctima sino también por el 0-800-PUEBLO (0-800-783256) que es un servicio recién inaugurado por este ente integrante del Poder Ciudadano, y señaló que aunque las cifras han disminuido con relación a años anteriores, “aún siguen generándonos preocupación, por lo que se hace indispensable la profundización de estas actividades de promoción y discusión en el seno de las comunidades sobre el funcionamiento de la ley, el reconocimiento de la mala praxis policial y la labor mancomunada de todos los integrantes de la sociedad para erradicar los vicios y la violencia por parte de quien tiene el uso legal de las armas. Es necesaria una transformación cultural profunda y permanente”, concluyó Gabriela Ramírez.
No podemos ser indulgentes con el abuso policial
“Con la concreción de la Oficina de Atención a la Víctima, ubicada fuera de los recintos de las comandancias policiales, la Defensoría del Pueblo conjuntamente con otros entes del Estado profundiza en la formación de la ciudadanía para la construcción de un país corresponsable en un accionar de justicia y derecho”. Así lo expuso la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez en el marco de un cineforo que se realizó este sábado en la comunidad de José Félix Ribas, en Petare.
“Justamente, hace una semana, en este sitio, la comunidad protagonizó una protesta, generada por una acción desproporcionada de la fuerza policial; y ahora, la defensoría está aquí, haciendo un foro con dos profesionales y académicos del Derecho, Elsie Rosales y Carmelo Borrego de la Universidad Central de Venezuela”, explicó a los medios la funcionaria.
Al evento asistieron vecinos de la comunidad petareña, y se inició con la proyección de la película Disparen a matar, dirigida por Carlos Azpurua, escrita por un luchador social como fue David Suárez, y estrenada en 1990.
La Defensora definió como víctimas del abuso del poder policial a aquellas personas que han sido objeto de algún delito, actos arbitrarios o abusos cometidos por algún funcionario o funcionaria policial. Entre estos actos se cuentan: privaciones ilegítimas de libertad, allanamientos arbitrarios, retención de documentos de identidad, incomunicación de detenidos, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como exigir dinero a las personas durante un procedimiento policial.
Las Oficinas de Atención a las víctimas
Tanto la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policías Nacional Bolivariana como la Resolución del 19 de marzo de 2010, establecen la creación de sus Oficinas de Atención a la Víctima de delito y/o abuso policial.
Explicó Gabriela Ramírez que estas oficinas deben estar ubicadas de manera independiente a las instalaciones policiales y su personal será interdisciplinario para garantizar un trato justo, respetuoso, con equidad y sin discriminación alguna. Allí se debe proteger la intimidad de los denunciantes, garantizando su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos.
“El Estado no puede ser indulgente ni complaciente con el abuso policial en la desproporción del uso de la fuerza. Y el policía que actúe en contra de la ley incurre en responsabilidad personal por este tipo de delito y debe ser sancionado con dureza”, afirmó la Defensora.
Las cifras de la violencia Policial y el Informe Anual
Anunció, por otra parte, la defensora Ramírez que en el Informe Anual que presentará próximamente la institución, se incluirán las denuncias que se hagan sobre la violencia policial, no sólo a través de las Oficinas de Atención a la Víctima sino también por el 0-800-PUEBLO (0-800-783256) que es un servicio recién inaugurado por este ente integrante del Poder Ciudadano, y señaló que aunque las cifras han disminuido con relación a años anteriores, “aún siguen generándonos preocupación, por lo que se hace indispensable la profundización de estas actividades de promoción y discusión en el seno de las comunidades sobre el funcionamiento de la ley, el reconocimiento de la mala praxis policial y la labor mancomunada de todos los integrantes de la sociedad para erradicar los vicios y la violencia por parte de quien tiene el uso legal de las armas. Es necesaria una transformación cultural profunda y permanente”, concluyó Gabriela Ramírez.
