lunes, 5 de julio de 2010

De acuerdo con lo establecido en el proyecto de ley sometido a consulta pública, todos los niveles de gobierno tienen corresponsabilidad en la gestión

De acuerdo con lo establecido en el proyecto de ley sometido a consulta pública, todos los niveles de gobierno tienen corresponsabilidad en la gestión del manejo integral de la basura.

(Caracas, 28-6-10) Con representantes institucionales y del Poder Popular de los estados Vargas, Aragua, Distrito Capital, Miranda, Carabobo y Cojedes, se instaló este lunes la Jornada de Consulta del Proyecto de Ley para la Gestión del Manejo Integral de Residuos y Desechos Sólidos no Peligrosos, en la sede de la Asamblea Nacional.

En esta oportunidad, estuvieron miembros de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la Salud, las Comunas; Guardia Nacional Bolivariana, Guardería Ambiental, miembros de las alcaldías y de los consejos comunales.

Durante la jornada se recogió el resultado de las discusiones de las regiones Andina-Zuliana, Nororiental-Guayana, Llanera y Centro Occidental de esta novedosa normativa, que con nueve títulos y 165 artículos pretende cumplir con los derechos ambientales contenidos en la Constitución vigente y en la Ley Orgánica del Ambiente.

En la apertura del acto, el diputado Julio García Jarpa, vicepresidente de la Comisión Permanente de Ambiente, destacó que un aspecto novedoso del proyecto es la formulación del Plan Rector Nacional, que establece las competencias y la coparticipación del gobierno en todos los niveles: nacional, estadal y municipal.

Al mismo tiempo, exige de las empresas generadoras que recojan sus residuos, comentó Jarpa, “vemos en las playas envases de aluminio, botellas, cauchos y otros desperdicios que ya les generaron ganancias sobre todo a la industria de cerveza y refrescos, porque no tienen la obligación de reciclar sus envases, pero les dejaron a las alcaldías y al Estado la responsabilidad de la recolección de sus desechos”.

Así que con esta ley se obliga a la industria a que tomen las medidas correspondientes. De igual modo, hay todo un capítulo sobre la educación y formación ciudadana, porque de nada vale establecer la normativa cuando los planes de educación no contemplan la transmisión de valores a todos los que somos generadores de desechos.

Corresponderá a la Superintendencia la vigilancia que el plan rector se cumpla en todo el país. Con relación a las sanciones que establece el proyecto, Jarpa refirió que hay un capítulo sobre las unidades tributarias que deberán cancelar quienes incurran en incumplimiento, también sobre las destituciones y prisión si no cumplen la norma.

“Sabemos que no basta con hacer una ley que sea exigente si el ciudadano y los gobernantes no están formados en torno a la materia, tenemos que lograr que desde los consejos comunales y alcaldías se establezcan los planes de coparticipación”.

Problema planetario
Por su parte, el diputado Luis Eduardo Sánchez, coordinador nacional de la discusión pública, se refirió a la ordenación del texto de acuerdo con la normativa internacional, toda vez que en nuestro país el problema de la generación de desechos industriales producto de la explotación petrolera, y por la adquisición de productos de manufactura peligrosa, la basura se ha convertido en un problema que requiere de aplicación de un tipo de regulación internacional.

“Como producto de la publicidad, se genera un consumismo propio del sistema capitalista, a los grandes capitalistas productores de dinero sólo les interesa enriquecerse sin tomar en cuenta la producción de desechos que ya se convirtió en un problema planetario”.

Por eso, las grandes líneas estratégicas a que responde el proyecto tienen que ver con lo difícil del manejo de los desechos y residuos, porque se da en forma acelerada, más allá de la capacidad de la tierra para degradar y recuperarse debidamente de este proceso.

De tal modo, que se priorizan las acciones de prevención y reducción de la generación y limitar la importación de residuos sólidos, y prohibir el ingreso al país de desechos sólidos, como juguetes con baterías en desuso o que ya perdieron su vida útil.

“En muchas ocasiones nos hemos convertido en receptores de mercancía que por su naturaleza se convierte en desecho en el corto plazo, esto tiene que acabarse”.

Hasta el 16 de Septiembre pueden adecuarse los Consejos Comunales

Pueden dirigirse a la Taquilla Única de Registro de su estado o comunicarse para mayor información al 0800-COMUNAS (0800-2668627).

El plazo para la adecuación de los Consejos Comunales a la nueva Ley Orgánica que los rige, promulgada por la Asamblea Nacional en diciembre del 2009, será hasta el próximo 16 de septiembre.

La Ley Orgánica de los Consejos Comunales establece en su disposición transitoria Nº 2 que el período para la adecuación de los Consejos Comunales ya existentes, es de 6 meses o lo que es igual a 180 dias, lapso que se cumple el pŕoximo jueves 16 de septiembre.

El Ministerio del Poder Popular para la Comunas y Protección Social (MPCyPS) ha establecido jornadas de acompañamiento integral a los Consejos Comunales, para que los voceros y voceras conozcan el objeto de la nueva Ley y así puedan realizar sus tramites de manera rápida y confiable a través de las Taquillas Únicas de Registro ubicadas en cada uno de los 24 estados del País.

El MPCyPS extiende la invitación a todos los Consejos Comunales que aún no han cumplido con el proceso de adecuación, a que se dirigan a la Taquilla Única de Registro de su estado o se comuniquen para mayor información al 0800-COMUNAS (0800-2668627).

La Contraloría Social: Gestión directa del Poder Popular organizado

La Ley obliga a las instituciones a dar respuesta oportuna a los procedimientos hechos por la Contraloría Social

Como parte de la apretada agenda legislativa que lleva adelante la Asamblea Nacional, el pasado martes fue aprobada, en primera discusión, la Ley Orgánica de Contraloría Social, instrumento con el cual las comunidades podrán ejercer una mayor participación (desde el Poder Popular) en cuanto a la vigilancia, control, supervisión y seguimiento de la gestión pública.

El precepto legal no sólo se circunscribe a las actividades de los funcionarios y funcionarias de la administración pública sino que abarca aquellos bienes y servicios de capital privado que sean de interés social y que sean pertinentes al bien común.

La importancia de este paso radica en que en los actuales momentos la contraloría social es uno de los mecanismos para ejercer e incentivar la participación ciudadana en los asuntos públicos, privados y comunitarios. Todo bajo en enfoque del ideal Bolivariano y Revolucionario que impulsa el presidente de la República, Hugo Chávez Frías.

Pueblo y poder

"Es el deber de todo ciudadano vigilar sobre la legítima inversión de las rentas públicas en beneficio de la sociedad". Simón Bolívar Discurso de Angostura del 15 de febrero de 1819

Son estas palabras del Libertador las que han sentado las bases para la construcción de una verdadera integración de los ciudadanos y ciudadanas en la consolidación del ideal social y participativo nacional. En ese sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en varios de sus articulados, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley Orgánica de Planificación, entre otros instrumentos legales, el derecho que tienen todos los venezolanos y venezolanas a convertirse en una fuerza artífice en la transformación de la patria, en la gestión directa y su injerencia en los procesos para su bienestar, su vida y su futuro.

En el transcurso de la historia, el uso ineficiente de los recursos humanos y materiales, el despilfarro, el lujo, la mentira y la injusticia han marcado el destino de los pueblos. No obstante, el arribo de la Revolución Bolivariana y del Socialismo dio un vuelco a esa situación dando las herramientas para propiciar los cambios que el pueblo necesitaba. Esta herramienta, el Poder Popular, se ha organizado en torno a premisas tan importantes como el Socialismo, la Revolución y los ciudadanos y ciudadanas organizados.

En ese sentido, la acción combinada de las comunidades y el sector público es fundamental para el desarrollo pleno del Poder Popular y de la Contraloría Social. Ambas partes deben coordinar acciones: por un lado, el Estado Revolucionario debe garantizar el marco legal y las condiciones operativas, a fin de que el pueblo pueda ejercer este derecho; y a los ciudadanos les corresponde impulsar desde las bases el desarrollo de la Contraloría Social como una herramienta de crecimiento social, productivo y económico.

"La Contraloría Social es el ejercicio de control y vigilancia, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva, sobre la gestión del Poder Público y de las instancias del Poder Popular, así como de las actividades privadas que afecten el bienestar común". Ley Orgánica de Contraloría Social.

Título I, Disposiciones Generales.

Y es que, de acuerdo con este instrumento legal, los fines de la Contraloría Social son convertir en una práctica cotidiana, desde las comunidades, el control social de la gestión pública, de las actividades privadas y de las acciones comunitarias que incidan en la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Así, se persigue fomentar la cultura de la Contraloría Social por medio de la democratización de esta actividad, el fomento de la responsabilidad y el desarrollo de la corresponsabilidad ciudadana.

Conceptos como sustentabilidad y desarrollo integral humano también se incluyen en la Ley, y sólo se podrán lograr dándole permanencia, continuidad y fortaleza en el ejercicio de la contraloría social, que incidirá en la convivencia justa, la solidaridad y la paz social, con lo cual se obliga al Estado Bolivariano a fomentar políticas públicas orientados a establecer un red eficiente y expedito de petición y rendición de cuentas que facilite la Contraloría Social en todos los niveles de la administración pública y que a su vez oriente y capacite a la ciudadanía, así como a las organizaciones sociales en la Contraloría Social.

Pleno ejercicio

La manera como la Contraloría Social podrá expresarse y organizarse será de forma libre, voluntaria, individual o colectiva. En este último punto, todos sus integrantes tendrán las mismas potestades, aunque deberán contar con un vocero o vocera (con sus respectivos suplentes), elegido de manera democrática por sus miembros.

Estos voceros deberán comunicar a sus comunidades los avances y resultados de la Contraloría Social (vigilancia, control y supervisión), y se obligarán a presentar informes de sus actividades a los organismos que ejecuten programas, proyectos o contratos sobre los cuales se han ejercido la Contraloría Social.

La Ley es clara en todos sus aspectos, sobre todo en la manera como se ejercerá esta actividad.

"La Contraloría Social se ejerce y realiza en la forma siguiente:`

1. Se ejerce de manera individual, mediante la presentación en forma unipersonal de denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones ante los organismos competentes.

2. Se ejerce de manera colectiva a través de Contralorías Sociales constituidas por dos (2) o más ciudadanas o ciudadanos que decidan voluntaria y unilateralmente conformarlas.

3. Se ejerce de manera colectiva mediante Contralorías Sociales que actuarán como voceras de comunidades o sectores sociales organizados. En tales casos, a los fines de obtener la legitimidad que les permita actuar en nombre de éstos, los voceros y voceras contralores que la integren, deben ser electos en asambleas de ciudadanos y ciudadanas del colectivo u organización del Poder Popular al que pertenezcan.

4. Podrá coordinar y articular acciones con los órganos y entes del Poder Público en sus diversas instancias y niveles.

5. Se podrá organizar en comités e interrelacionarse o asociarse en redes de acuerdo con las áreas o materias específicas para el ejercicio de la función contralora".

Título III de la Organización y Atribuciones de la Contraloría Social.

Artículo 10. Del ejercicio de la Contraloría Social.

Relacionado con estos puntos, también se puede acotar que para la ejecución de la Contraloría Social el ciudadano o ciudadana debe apegar sus funciones al cumplimiento del estatuto legal.

La Ley Orgánica de Contraloría Social determina -Título III, Del procedimiento. Artículo 15- que el ejercicio de la Contraloría Social (por parte de los ciudadanos o ciudadanas) se iniciará una vez que la persona o la comunidad denuncie, sea por queja, sugerencia o noticia críminis sobre la infracción o hecho irregular que afecte los intereses individuales o colectivos.

De allí se hace la denuncia pertinente ante los organismos competentes, con la notificación de la apertura del procedimiento por parte de la Contraloría Social. Seguidamente, al realizarse la fiscalización y verificación de la irregularidad, se levantará un acta, suscrito por los integrantes de la Contraloría Social, en la cual se dejará constancia de los hechos inherentes a la denuncia, cuya copia será remitida al organismo competente.

Sin embargo, las funciones de la Contraloría Social no se quedan ahí, ya que esta instancia popular deberá continuar con las observaciones, indagaciones, registro, entre otras acciones, a fin de elaborar los informes que permitan una mejor percepción de los hechos.

La Ley obliga a las instituciones a dar respuesta oportuna a los procedimientos hechos por la Contraloría Social. En su artículo 19 dice: "Los informes y denuncias producidos mediante el ejercicio de la Contraloría Social y hayan sido canalizados ante los órganos competentes de la administración pública deben obtener oportuna y adecuada respuesta. De no producirse ésta, los y las funcionarias públicas podrán ser sancionados y sancionadas de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley que regula la materia" Título V. Responsabilidades.

Respuesta de la Administración Pública.

Así mismo, la Ley Orgánica de Contraloría Social contempla aspectos como la formación, captación, desarrollo de políticas y actividades, a fin de fortalecer el crecimiento de estas instancias del Poder Popular y por ende el avance del protagonismo y la plena participación de los ciudadanos y ciudadanas en el ámbito democrático socialista de Venezuela.

"La corrupción y la impunidad son el camino mas corto para la pérdida de la moral pública".

Simón Bolívar Mensaje a la Convención de Ocaña, Bogotá, 29 de febrero de 1828

Isis Ochoa:Ley de las Comunas es un mecanismo concreto para el Poder Popular

Ochoa desmintió a los medios de comunicación privados que insisten en tachar a la Ley de Comunas como inconsulta

"Aquí está naciendo el Estado social de derecho que está contemplado en la Constitución" dijo la ministra Ochoa. Normativa fue producto de debate y se mantiene en consulta

"La Ley de Comunas no es más que una expresión amplia de lo que se ha venido realizando en los Consejos Comunales (...) Es la sistematización de lo que está sucediendo en las bases. Lo que pasa es que la contrarrevolución no va al barrio".

De esta manera la ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, Isis Ochoa, dio carácter de salto cualitativo al alcance y la visión estratégica de la Ley de Comunas que recientemente fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional.

"Aquí está naciendo el Estado social de derecho que está contemplado en la Constitución, y eso está fundamentado en el principio de la organización del pueblo para la toma de decisiones a través de mecanismos concretos. No es discurso, no es retórica, estamos construyendo las instancias para que el pueblo tome posesión de su vida, de la producción social", destacó la ministra Ochoa, durante su participación en el programa "Aquí hay poder popular", que transmite Canal Informativo de Radio Nacional de Venezuela.

En esta Ley aparece la figura del Banco de la Comuna que ofrece alternativas fundamentales, como el ahorro comunal, "se ha demostrado que la gerencia popular funciona y estamos migrando las estructuras, ese Banco no sólo recibe las transferencias de recursos del Estado, sino que además incentiva el ahorro comunal hacia la autosustentabilidad", destacó.

Ochoa desmintió a los medios de comunicación privados que insisten en tachar a la Ley de Comunas como inconsulta, recordó que en el debate de la normativa participaron representantes de Consejos Comunales, del Poder Popular y otros voceros de organizaciones comunitarias.

"Estamos en todo el país, jornadas en núcleos en varios estados, y el lunes arranca masivamente todo el proceso de consulta popular", aseguró.

Consejo para la DDHH en la Parroquia La Vega

En la Parroquia La Vega el Consejo para la Defensa de los DDHH realizó Cine-Foro contra violencia de género

El Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos de Vista Hermosa y los Paraparos de La Vega inició el Cine-Foro denominado “La Audiencia Soñada: Para quererte más mujer”, el cual tiene como fin sensibilizar a los integrantes de esta comunidad sobre la necesidad de conocer sobre los derechos que tiene la mujer a una vida libre de violencia.

En ocasión de esta actividad, la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, quien asistió en calidad de invitada, recordó que muchas veces la violencia contra la mujer es la antesala a la muerte, ante la costumbre en algunos hogares de verlo como un hecho natural, pero, no obstante, enfatizó que ahora Venezuela cuenta con una Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer, instrumento jurídico que además de permitir que todas y todos que conozcan de un hecho de esta naturaleza puedan denunciarlo ante los órganos receptores de denuncia, también expone las medidas de protección para las mujeres que han sido víctimas de maltrato.

Ramírez felicitó al Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos de La Vega por organizar y promover esta iniciativa cuyo interés primordial es que la propia comunidad pueda activarse y denunciar la violencia contra la mujer por ser éste un delito de acción pública.

El Cine-Foro estuvo moderado por Oscar Rodríguez, del Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, quien dio la palabra a los activistas y defensores de los derechos humanos, así como a los ponentes María Hernández y Héctor Gutiérrez, de la Fundación Juan Vives Suriá.

Ambos ponentes expusieron las causas que generan la violencia contra la mujer y visibilizaron en forma crítica las diferentes formas de opresión bajo las cuales viven un gran sector de las mujeres en nuestra sociedad; pero, a su vez expusieron los cambios que se vienen generando con esta iniciativa de educar e informar a la población sobre los derechos y deberes de mujeres y hombres para construir una sociedad más justa y solidaria.

En esta actividad se proyectó la película “Macu: La mujer del policía”, una historia, basada en un hecho real que conmovió a la opinión pública nacional, que narra la vida de una niña en etapa adolescente cuya condición de pobreza la lleva a casarse con un policía mucho mayor que ella quien la seduce y la convierte en un objeto sexual.

Pero el ambiente y condición de adolescente de Macu la conduce a una aventura con un joven de su edad, lo que desencadena los celos del policía quien termina asesinando al joven amante y dos de sus amigos.
El Cine-Foro se realizó en el Pequeño Teatro de la Parroquia La Vega, y contó con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Fundación Cinemateca Nacional y el Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Esta actividad continuará celebrándose con el apoyo de estos tres organismos .

I Foro Bicentenario de Ciudadania

Por el rescate de la libertad e igualdad
Defensoría del Pueblo realizó el 1er Foro Bicentenario de Ciudadanía

Con el propósito de seguir fortaleciendo los valores de libertad, fraternidad igualdad, la Defensora del Pueblo Gabriela del Mar Ramírez Pérez, instaló el I Foro Bicentenario denominado “De la Ciudadanía de Gual y España a la Asunción de la Soberanía de los Pueblos”; un evento organizado por la institución defensorial en el marco de los 200 años de la independencia de la Republica Bolivariana de Venezuela.
La Defensora del Pueblo expresó la necesidad de continuar avanzando hacia la construcción de una ciudadanía cada vez más participativa y protagónica, conciente de su corresponsabilidad en el del ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Este evento se realizó en el Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos (Celarg), y contó con la participación de Roberto Hernández Montoya, presidente de la Fundación Centro de Estudios Latinoaméricano Rómulo Gallegos (CELARG); Oscar Battaglini, Profesor de la Universidad Central de Venezuela y Emma Martínez, Docente Universitaria e investigadora.
Se espera que este foro se realice en otros rincones del país para conmemorar junto con otras instituciones del Estado el Bicentenario de la República Bolivariana de Venezuela.
Venezuela mantiene su liderazgo en seguridad alimentaria
Por otra parte la Defensora, reiteró que Venezuela mantiene su liderazgo en seguridad alimentaria, “el Estado garantiza el derecho a la alimentación, las redes alimentarias continúan funcionando en su plena capacidad e igualmente las casas de alimentación; sin embargo, la Defensoría se encuentra atenta y vigilante ante cualquier vulneración de que puedan menoscabar este derecho.
Igualmente insistió que el Estado está realizando las investigaciones y correcciones pertinentes para seguir respondiendo con la seguridad alimentaria nacional.
Estaremos vigilantes ante las investigaciones del motín registrado en retén de Los Teques
La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, manifestó que debemos avanzar en generar leyes que corresponda con la garantía de los derechos humanos de las personas privados de libertad.
Igualmente indicó que la Defensoría estará presente durante las requizas que se realizarán en el Centro Penitenciario a fin de vigilar y garantizar los derechos humanos de los privados de libertad.

martes, 22 de junio de 2010

No podemos ser indulgentes con el abuso policial

Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo
No podemos ser indulgentes con el abuso policial

“Con la concreción de la Oficina de Atención a la Víctima, ubicada fuera de los recintos de las comandancias policiales, la Defensoría del Pueblo conjuntamente con otros entes del Estado profundiza en la formación de la ciudadanía para la construcción de un país corresponsable en un accionar de justicia y derecho”. Así lo expuso la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez en el marco de un cineforo que se realizó este sábado en la comunidad de José Félix Ribas, en Petare.

“Justamente, hace una semana, en este sitio, la comunidad protagonizó una protesta, generada por una acción desproporcionada de la fuerza policial; y ahora, la defensoría está aquí, haciendo un foro con dos profesionales y académicos del Derecho, Elsie Rosales y Carmelo Borrego de la Universidad Central de Venezuela”, explicó a los medios la funcionaria.

Al evento asistieron vecinos de la comunidad petareña, y se inició con la proyección de la película Disparen a matar, dirigida por Carlos Azpurua, escrita por un luchador social como fue David Suárez, y estrenada en 1990.

La Defensora definió como víctimas del abuso del poder policial a aquellas personas que han sido objeto de algún delito, actos arbitrarios o abusos cometidos por algún funcionario o funcionaria policial. Entre estos actos se cuentan: privaciones ilegítimas de libertad, allanamientos arbitrarios, retención de documentos de identidad, incomunicación de detenidos, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como exigir dinero a las personas durante un procedimiento policial.

Las Oficinas de Atención a las víctimas

Tanto la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policías Nacional Bolivariana como la Resolución del 19 de marzo de 2010, establecen la creación de sus Oficinas de Atención a la Víctima de delito y/o abuso policial.

Explicó Gabriela Ramírez que estas oficinas deben estar ubicadas de manera independiente a las instalaciones policiales y su personal será interdisciplinario para garantizar un trato justo, respetuoso, con equidad y sin discriminación alguna. Allí se debe proteger la intimidad de los denunciantes, garantizando su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos.

“El Estado no puede ser indulgente ni complaciente con el abuso policial en la desproporción del uso de la fuerza. Y el policía que actúe en contra de la ley incurre en responsabilidad personal por este tipo de delito y debe ser sancionado con dureza”, afirmó la Defensora.

Las cifras de la violencia Policial y el Informe Anual

Anunció, por otra parte, la defensora Ramírez que en el Informe Anual que presentará próximamente la institución, se incluirán las denuncias que se hagan sobre la violencia policial, no sólo a través de las Oficinas de Atención a la Víctima sino también por el 0-800-PUEBLO (0-800-783256) que es un servicio recién inaugurado por este ente integrante del Poder Ciudadano, y señaló que aunque las cifras han disminuido con relación a años anteriores, “aún siguen generándonos preocupación, por lo que se hace indispensable la profundización de estas actividades de promoción y discusión en el seno de las comunidades sobre el funcionamiento de la ley, el reconocimiento de la mala praxis policial y la labor mancomunada de todos los integrantes de la sociedad para erradicar los vicios y la violencia por parte de quien tiene el uso legal de las armas. Es necesaria una transformación cultural profunda y permanente”, concluyó Gabriela Ramírez.

Consejo Para de Defensa de los Derechos Humanos Jose felix Ribas I

Consejo Para de Defensa de los Derechos Humanos Jose felix Ribas I
En el fortelalecimiennto Institucion -comudad entrega por parte de la defensora gabriela Ramirez y la empresa xerprin de equipos de computacion como forma de divulgacion y desarrollo de nuestras identidades, basados en la realidad de la Informatica.

La gobernacion del estado Miranda esta en Jose Felix Ribas zona 10

La gobernacion del estado Miranda esta en Jose Felix Ribas zona 10
El martes 08 de abril fue aprobao recursos para ejecucion de muro esc. 22 y 23

Jose Felix Ribas zona 10

Mi foto
Petare Norte, Municipio Sucre-Estado Miranda, Venezuela
La populosa zona 10. Con mas de 1500 parcelas. mas de 3000 familias. Un aproximado de 800 niños de 0 a 14 años. Unos 100????adolescentes. Algunos minusvalidos, 50 a 60 abuelos. Una zona comprendia de 24 escaleras , calle Fe y Alegria, CalleonLa Fe con sus 4 escaleras. Una cancha y la escuela deportiva mas antigua del Municipio Sucre "Tito Sport" liderizada desde hace 32 años por Rosendo Leon. Con Linderos Norte: Barrio Antonio Jose de Sucre. Sur: Palo Verde. Este Urbanizacion La Bombilla. Este: Barrio San Jose.ASi mismo cuenta conun ambulatorio popular y un consultorio de Barrio Adentro. 5 Comites de salud y 7 Comites de Tierra. Tambien tiene el beneficio de la Mision Madres del Barrio.

La Alcaldia esta en la zona 10

La Alcaldia esta en la zona 10
Desde el 09 de abril empezaron los revestimientos muros gabion y los proyectos que faltan

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Atletas especiales

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Campeones por siempre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!